El Gobierno Vasco aprobó hace varias semanas un Decreto en el que, junto a otras determinaciones, establece un nuevo estatuto para las clases de Religión en el Bachillerato: los alumnos que no cursen esta asignatura estarán exentos, en esas horas, de cualquier otra actividad académica vinculante. El anuncio público y explícito que el Gobierno ha hecho de esta decisión y su inclusión en el Boletín Oficial del 27 de febrero nos obliga, muy a nuestro pesar, a interponer un recurso jurídico y a emitir también públicamente nuestra neta y firme postura ante una disposición que, a nuestro entender, ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la Religión en la Escuela.
A pesar de nuestros esfuerzos en el diálogo con diferentes instancias del Gobierno, no hemos logrado llegar a una fórmula concertada. El Decreto ha salido tal cual estaba diseñado por el Departamento de Educación en este punto delicado.
Estas son las razones por las que mantenemos nuestra posición:
1. Fundados en dictámenes jurídicos sólidos y acreditados, los Obispos de la CAV estimamos que el nuevo estatuto de la clase de Religión en el Bachillerato contraviene el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. En ellos se estipula que “el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar” (art. 2). Es claro que la carga académica mayor para los que eligen la clase de Religión frente a los que no la eligen constituye, en el ambiente y mentalidad escolares, una discriminación real.
DOCUMENTO COMPLETO.
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