EpC y la ley catalana sobre ritos aparecen como ataques a este derecho fundamental en nuestro país en el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Santiago Mata.
En 1947, cuando el premostratense holandés Werenfried van Straaten (más conocido como Padre Tocino) fundó Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), seguramente no imaginaba que esta organización denunciaría los ataques contra la libertad religiosa en España. Ahora como entonces, AIN se dedica a ayudar a los refugiados y a los cristianos perseguidos por su fe. Pero hay formas de perseguir más sutiles y eficaces que, por ejemplo, encarcelar a los obispos, como siguen haciendo en China.
A lo largo de las 538 páginas del Informe 2008 sobre libertad religiosa en el mundo desfilan 191 países. En 14 de ellos, la libertad religiosa está sometida a graves limitaciones legales, y en otros 35, a limitaciones de menor gravedad. Entre los seis miembros del consejo editorial del Informe hay un español, Javier Menéndez Ros, director de AIN en España, y en la veintena de coordinadores y colaboradores hay otro, José Luis Orella, profesor del CEU-San Pablo de Madrid, amén de un centro de estudios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es la primera vez que se publica en castellano este Informe, único global que sobre la libertad religiosa realiza una institución católica.
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